Melissa Ojeda

La decisión levanta la orden temporal que prohíbe al DHS realizar prácticas ilegales de detención.  

LOS ÁNGELES – Hoy, la Corte Suprema concedió la solicitud del gobierno federal de suspender (o pausar) una orden de restricción temporal (TRO) que prohíbe a las agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), continuar con sus acciones ilegales en Los Ángeles y los condados circundantes.    

La sentencia del tribunal revoca la sentencia de dos tribunales inferiores en Vásquez Perdomo contra Noem que prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en cuatro factores, solos o en combinación, que incluyen la raza o etnicidad aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar particular como una parada de autobús, un lavadero de autos o un sitio agrícola; o el tipo de trabajo que realiza una persona.  

La orden inexplicable de hoy de la Corte Suprema no detiene los procedimientos en el caso. El 24 de septiembre, el tribunal federal de distrito escuchará los argumentos sobre si emitir una orden judicial preliminar con base en pruebas adicionales de las tácticas ilegales del gobierno. 

En respuesta se emitieron las siguientes declaraciones: 

Cuando ICE me agarró, nunca mostraron una orden judicial ni explicaron por qué. Me trataron como si no importara: encerrado, con frío, hambre y sin abogado. ¿Y ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Eso es racismo con placa. Pedro Vásquez Perdomo, nombrado demandante en el caso. Me uní a este caso porque lo que me pasó a mí les pasa a otros todos los días solo por ser morenos, hablar español o estar en una esquina buscando trabajo. El sistema nos falló hoy, pero no me callaré. Seguiremos luchando porque nuestras vidas son importantes.

“Esta decisión es un revés devastador para nuestros demandantes y comunidades que, durante meses, han sido objeto de detenciones migratorias debido al color de su piel, ocupación o el idioma que hablan”, dijo Mohammad Tajsar, abogado principal de la Fundación ACLU del Sur de CaliforniaAl acudir a la Corte Suprema para solicitar esta suspensión, el gobierno dejó claro que su labor en el sur de California se basa en criterios raciales. Seguiremos luchando contra el plan racista de deportación de la administración para garantizar la seguridad de todas las personas que viven en el sur de California, independientemente de su raza o estatus migratorio. 

El fallo de la Corte Suprema vuelve a poner a los trabajadores inmigrantes en la mira de la aplicación racista e ilegal de la ley. Al suspender la Orden de Restricción Temporal (ORT), la corte le ha dado la espalda a nuestras comunidades y a la Constitución, facilitando la campaña de terror de la administración Trump contra las comunidades inmigrantes y las comunidades de color. Pero no cederemos. Seguiremos defendiendo a nuestras comunidades en los tribunales y en cada esquina, en cada lugar de trabajo, todos los días. dijo Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON). NDLON apoya a los trabajadores inmigrantes que resisten el miedo y luchan por su dignidad. Los angelinos no esperan ser salvados por los tribunales ni por los políticos. Solo el pueblo protegerá al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. 

La Corte Suprema ha fallado a favor de la discriminación racial. Una sombra oscura se cierne sobre la Constitución de este país y su futuro. dijo Armando Gudino, director ejecutivo de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN). Este es un precedente peligroso para los derechos de los inmigrantes y las libertades civiles. La decisión legitima la práctica inconstitucional de atacar a personas por su raza, idioma o vecindario. Retrocede décadas de progreso legal y refuerza un sistema donde algunas comunidades son consideradas sospechosas por defecto. 

“La decisión de hoy permite a la administración Trump reanudar las redadas racialmente discriminatorias en Los Ángeles, dando a los agentes federales licencia para detener a personas sin pruebas ni el debido proceso simplemente por el color de su piel, el idioma que hablan o el trabajo que realizan”, dijo Mark Rosenbaum, asesor especial sénior de litigios estratégicos en Public CounselNuestra comunidad se ha unido para enfrentar esta injusticia con valentía y determinación, revelando la verdad y demostrando a la nación que estas redadas nunca tuvieron como objetivo la seguridad pública, sino atacar a los inmigrantes y sembrar el miedo. Esta lucha no ha terminado. Seguiremos presionando en los tribunales hasta que cada persona en nuestras comunidades pueda vivir sin miedo, con sus derechos y dignidad plenamente protegidos.

La decisión de la Corte Suprema asesta un golpe devastador a las comunidades afectadas por las redadas racialmente discriminatorias del gobierno. De un plumazo, mediante su expediente de emergencia, la corte ha anulado décadas de leyes de la Cuarta Enmienda. Pero siempre supimos que esta sería una larga lucha, y ya nos estamos preparando para lo que viene después. Annie Lai, directora de la Clínica de Solidaridad con los Inmigrantes y la Justicia Racial de la Facultad de Derecho de la UC IrvineNuestros clientes se han enfrentado al gobierno con una valentía increíble y seguirán haciéndolo. Estaremos ahí, a su lado.

“El fallo de la Corte Suprema de hoy pone a los trabajadores agrícolas, y a todo californiano que parezca o suene como si pudiera ser un inmigrante, en mayor peligro”, dijo Presidenta de la UFW, Teresa Romero. Esto no afecta a los inmigrantes de forma aislada, sino a todos. Seguiremos buscando una orden judicial preliminar en este caso y seguiremos luchando por los trabajadores agrícolas y todas las comunidades inmigrantes de Estados Unidos. 

“La guerra de esta administración contra los inmigrantes va a fracasar”. dijo Angélica Salas, Directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). Muy pronto, regresaremos a los tribunales para continuar la lucha contra estas políticas obviamente ilegales, y confiamos en que la jueza volverá a ver, como ya lo hizo, que no hay absolutamente nada legal en que el ICE persiga a las personas por su raza, su forma de hablar o su profesión. Seguiremos observando, documentando y protestando pacíficamente contra lo que vemos como redadas masivas ilegales y una política federal de crueldad y detención. 

“A pesar de la desalentadora decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a las tácticas terroristas ilegales de ICE, nuestro compromiso con las comunidades inmigrantes del sur de California es inquebrantable”, dijo Alvaro M. Huerta, director de litigio y defensa del Immigrant Defenders Law Center (ImmDef). Lamentablemente, la decisión de hoy da luz verde a la discriminación racial mientras el caso se resuelve en tribunales inferiores. Sin embargo, seguiremos luchando por los derechos de las comunidades inmigrantes, quienes merecen dignidad, el debido proceso y la misma protección ante la ley. Este no es el final; es un llamado a la acción. Todos debemos comprender y ejercer nuestros derechos, y proteger a nuestros vecinos. ImmDef mantiene su compromiso con esta lucha a largo plazo y se mantiene firme junto a nuestros clientes, nuestras organizaciones asociadas y todos los miembros de la comunidad del sur de California, quienes no cederán ni en los tribunales ni en las calles.

“Las redadas de ICE, al igual que los ataques a la DEI y la demonización de las personas LGBTQ, son el intento de la administración Trump de tratar a las personas como ciudadanos de segunda clase debido a quiénes son, cómo se ven o a quién aman”, dijo Chandra Bhatnagar, directora ejecutiva de la Fundación ACLU del Sur de California“Todas las personas tienen derecho a los derechos fundamentales bajo nuestra Constitución y seguiremos defendiendo a nuestras comunidades de la discriminación y el abuso”.

Vea la sentencia: https://www.aclusocal.org/sites/default/files/25a169.pdf 

 

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